15 de abril de 2025. Sale una noticia en el Heraldo de Soria titula que las obras en el aeródromo están pendientes de negociaciones entre AESA y la Junta.
Lo primero que quiero aclarar es que AESA no negocia. AESA (Agencia estatal de seguridad aérea) es una administración. Los competentes para discutir sobre las competencias son La Junta de Castilla y León y el Ministerio de movilidad.
Cuando se iniciaron los trámites para conseguir la autorización de AESA las competencias para legalizar una instalación nueva o la modificación de una instalación ya legalizada las gestionaba AESA. Ya he explicado el procedimiento en otra pregunta.
Pero a raíz de un informe de la abogacía del estado, las competencias para la aprobación las tiene la Junta de Castilla y León.
¿Como está entonces el tema de las competencias?.
Lo cierto es que hay lío con las autorizaciones de aeródromos aunque está en vías de solución. Parece ser que las competencias de las autorizaciones tienen que ser de las CCAA tengan o no tengan transferidas las competencias. El artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Castilla y Leon determina que tiene competencia exclusiva en materia de “aeropuertos, helipuertos, (…) que no desarrollen actividades comerciales.”
Desde que entró en vigor hasta ahora, nadie se había planteado que el competente eran la Junta y no Aviación Civil. Asumir competencias supone invertir tiempo y dinero. Hacen falta técnicos, despachos, sueldos, etc. por eso hasta ahora las autonomías han preferido estar calladas.
Las que he mencionado que ya tienen las competencias siguen como estaban, pero el resto, las que no tienen ahora mismo las competencias como es el caso de Castilla y León, están desarrollando acuerdos para que sea AESA la que realice los informes técnicos oportunos (carden la lana) y las CCAA, basándose en estos informes, emita la autorización (se lleven la fama).
Así que está todo parado hasta que se resuelvan estos acuerdos. Pero no es el motivo de que AESA no haya emitido informe como digo. El motivo primero es que Diputación tiene que aportar el proyecto y la disponibilidad de los terrenos.
En el resto del artículo hay otras incongruencias publicadas previamente por este mismo periódico. Por ejemplo, se habla de haber invertido 800.000 € en compra de fincas, cuando el propio presidente habla, en artículos previos, de 1.300.000 € ya gastados.
Me hace gracia el comentario de que el Sr Diputado está «desesperado» y si sigue pasando el tiempo habrá que repensarlo o ver cómo se hace. Ya les digo yo que no. Después de los 4 millones de euros ya gastados y tener 6.4 presupuestados para gastar, es imposible echarse atrás, cueste lo que cueste, porque además, reconocer una mala gestión o un error, eso no tiene precio. Si es que no me extraña su desazón. Le llega antes la jubilación que poder ver las máquinas extendiendo hormigón. Como se descuide no va a ver su sueño cumplido. Una pena.
17 de abril de 2025:
Es cierto que las transferencias tienen todo parado, pero no es cierto que AESA tenga todos los documentos y que solo falta la resolución. Insisto que falta, por lo menos, la disponibilidad de los terrenos.
Lo que está claro es que «el proyecto va a salir y será una realidad en Soria a pesar de los bofetones que hemos tenido en el camino». Si ya lo decía yo.
6 de mayo de 2025
Para conseguir la autorización de establecimiento de una infraestructura aeronáutica de uso restringido FASE 3, hace falta la acreditación de la libre disponibilidad de los terrenos y el estudio técnico aeronáutico firmado por facultativo debidamente acreditado, y la declaración de uso público por tratarse de aeropuerto comercial.
Porque me acabo de enterar que se trata de un aeropuerto comercial para que puedan entrar, aunque sean pocos, insignificantes como dicen, los aviones “grandes”. Es decir, olvidemos ya la actividad deportiva tal y como se viene desarrollando ahora si se sigue el ejemplo de Ciudad Real, Huesca, Castellón, Burgos, etc. Todos esos “proyectos impulso de la economía del lugar” solo han servido para matar la aviación general y deportiva y perder dinero pagando subvenciones a las compañías para tener un vuelo a la semana a Mallorca para justificar la inversión realizada. Pero en este caso ni eso porque aquí, un A320 cargado no puede despegar. Nunca habrá un vuelo comercial de pasajeros a Mallorca a 20€ desde Soria, no al menos desde Garray.
Pero que me desvío del tema.
Aunque se solventara el tema de las transferencias mañana, pasarán meses hasta que se envíe la disponibilidad de los terrenos. Piense el lector que hay que resolver un procedimiento de expropiación y registrar los terrenos en el Registro de la Propiedad. Eso son muchos meses, incluso años. Por tanto, la desesperación del Sr Diputado no ha de achacarla a AESA, si no a la propia mala gestión de la Diputación que hace las cosas al revés. Primero construye una plataforma y luego intenta legalizarla. Aesa perdona. Si no tengo gestor porque se me ha ido, pues pago al mismo lo que me pida porque le necesito. Al mismo que, si hubiera ampliado el plazo, nos daría 500 €, pero como se ha ido y le hemos vuelto a contratar le damos 30.000 €. Y ahora otros 14.000 € a una empresa de todo a 100 que, a mi juicio, creo que no saben dónde se están metiendo. Todo son parches a los agujeros que antes han provocado.
El problema es que, ahora mismo, el aeródromo no tiene claro quien es el gestor. El contrato de Airpull terminó el 31 de diciembre de 2024, y el nuevo, aunque se le ha adjudicado en contrato, no será gestor hasta que AESA lo confirme, y con el cambio de competencias está la cosa parada.
Están corriendo una cortina de humo echando la culpa al traslado de las competencias por delante del verdadero problema que es la nefasta gestión de este proyecto. Si los responsables no fueran políticos y/o funcionarios, estaban ya de patitas en la calle, aunque solo fuera por mentir descabelladamente o por su incompetencia demostrada.
Desde Airpull no han podido decir que es inminente la aprobación si no se tienen los terrenos ni el proyecto. Y si lo han dicho, han mentido. Y se contradice. Las modificaciones no son mínimas. Son deficiencias grandes. Falta la disponibilidad de los terrenos (se acaba de iniciar el nuevo expediente de expropiación).
Pero si hasta les viene bien el tema de las competencias. El plazo para resolver son 3+3 meses (dos subsanaciones a 3 meses cada una). Ya debería haberse archivado el expediente. Pero si el retraso es ajeno a Diputación y está parado por el traspaso de competencias, mientras tanto se suspende el plazo y así pueden finalizar la expropiación y aprobar el proyecto. El titular debería decir «Con un poco de suerte el traslado de competencias mantiene atascado el ATI y así no caduca el expediente por el incumplimiento del requerimiento de subsanación de deficiencias»
No me extraña que el Diputado se preocupe. Si se vuelve a tener que pasar informe ambiental, es posible que, como no cumple a ruido, ni se apruebe el proyecto. 4 millones de euros tirados. Las demoras del impacto ambiental se debieron a que a Diputación se le requirió para que justificara el cumplimiento a ruido en varias ocasiones. Hubo que limitar las operaciones hasta dos al año por encima de Garray para que entrara “con calzador” el permiso.
Aunque que no se preocupe el Sr Diputado. El impacto ambiental ya está concluido por la autoridad competente y no tendría que volver a pasar el trámite de momento y, si el permiso lo tiene que dar la Junta, no se va a poner pegas a un proyecto al que aporta, de momento, unos 7 millones de euros.
Y lo que no se dan cuenta es que el tema de las competencias no solo afecta al aeródromo de Garray, si no a otros aeródromos e instalaciones de otras Comunidades Autónomas, y si hacen la vista gorda con una (que además ya le han perdonado sus malas gestiones en repetidas ocasiones) lo tienen que hacer con todas. Aquí el victimismo Soriano no va a funcionar.
No hay intereses políticos. Son excusas. Hay mala gestión, aunque van a tener hasta suerte.
Tres meses despues ….
Han pasado tres meses desde la última noticia del aeródromo. Ahora, de buenas a primeras se publica lo siguiente:
¿Y por qué se publica ahora esto?. Si AESA está negociando las competencias, hay que esperar a que se resuelva el tema. Esta salida de «pata de banco» no tiene mucho sentido así, por si sola. Por eso empiezo a indagar por ahí.
La cosa es que, como siempre, el contenido de la noticia es absolutamente falso. Desde el título: «La Diputación amenza a EASA con ir a los tribulales por el aeródromo». ¡Valiente fantasmada!. De momento, el concepto de amenazar no es noticiable. Sería noticia que Diputación ha interpuesto demanda ante los tribunales, pero eso no lo veremos.
¿Y por qué no?.
Habla de inexplicable situación. Yo se la explico, tranquilo.
Lo primero es que dice que las competencias van a traspasarse y es falso. Las competencias le corresponden a la Junta. ¿Cuál es el problema? Que la Junta tiene las competencias pero no tiene ni personal, ni oficina ni medios ni consignación presupuestaria, ni puñetera idea del tema de legalizar aeródromos. Así que el proyecto está parado previsiblemente durante un tiempo. El Sr Diputado lo tiene que saber, ya que habrán notificado a Diputación del estado de las competencias, posiblemente diciéndoles que se pongan en contacto con la Junta.
¿Y es seguro que las competencias las ha asumido ahora la Junta?, Comprobemos la página de AESA acerca de las modificaciones de las infraestructuras.
Vaya!, Pues va a ser cierto que las competencias ya están en manos de las Comunidades Autónomas.
Entonces, el Sr Diputado vuelve a mentir cuando dice que el tema se retrasa porque las competencias siguen sin traspasarse. El problema es que la Junta no quiere hacerse cargo de ellas.
El problema es que, al ser ahora competencias de la Junta, hay dos posibilidades. La primera es que haya que empezar de nuevo. Eso no lo veo. A ver, si la autorización estaba tan adelantada que ya estaba toda la documentación y solo faltaba la autorización, no tiene sentido que se reinicie todo el expediente, máxime si la Junta no tiene medios. En este caso, apostaría que AESA daría la autorización nada más cerrar el tema de las competencias.
Pero, ¿qué pasa si resulta que la documentación no estuviera completa y AESA no pudiera conceder la autorización?. Ya sabemos que están en pleno proceso de expropiación. Me consta que los propietarios de los terrenos que quieren expropiar han recurrido la inclusión en planes provinciales, que lo había hecho así la Diputación para poder declarar el interés social. Mientras se resuelve el contencioso (pueden pasar años), no deberían poder expropiar, aunque Diputación hace lo que le sale de sus partes porque los que deciden no tienen después ninguna responsabilidad. Si hay que indemnizar, indemnizamos todos nosotros, que sale de nuestros impuestos.
Hasta que no se expropie no hay disponibilidad de los terrenos y hasta que no haya disponibilidad y un proyecto aprobado definitivamente, no puede haber permiso.
¿Cuál es le problema gordo?. Que desde que se solicita la autorización, hay unos plazos para solventarlos, y solo se pueden solventar dos veces. La primera lista de deficiencias no fue solventada totalmente por lo que hubo un segundo requerimiento para que aportaran proyecto completo aprobado definitivamente y la disponibilidad de los terrenos. Y no los tienen. Y hay un plazo. Y el plazo se ha acabado y me imagino que si han notificado que se archiva el expediente porque no hay terrenos, entonces entiendo que esté desesperado.
Otra cosa que llama mucho la atención del panfleto es que “no puede dar nombres” de las empresas que querían instalarse porque “al estar en negociaciones se firma un contrato de confidencialidad”.
Los objetivos que inspiran la regulación en materia de contratación pública son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia y, en segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio. Es decir, todas las gestiones que la Diputación haga para adjudicar unos terrenos mediante licitación pública, ha de hacerse siguiendo un principio fundamental, que es la transparencia. Hacer negociaciones en las que se firman contratos de confidencialidad con empresas está muy apartado del concepto de “proceso transparente”. Es decir, la Diputación no puede decir con quien negocia para que se instale en el ATI, no sea que vengan otros y se lo quiten.
La Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de:
- Libertad de acceso a las licitaciones. No cabe negociar solo con algunas empresas.
- Publicidad y transparencia de los procedimientos. Es incompatible con contratos de confidencialidad.
- No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Negocia con unos pocos es discriminatorio con otras empresas que pudieran estar interesadas.
- Estabilidad presupuestaria y control del gasto. El oscurantismo y las confidencialidades suponen que el control sobre el gasto es nulo. ¿Cómo vas a controlar si no sabes a quién?
- Integridad – lucha contra la corrupción y prevención de fraude y conflicto de intereses (art 64). Esto es básico. Para evitar una posible corrupción, los procedimientos han de ser transparentes, no negociados. ¿Qué es lo que se podría estar negociando?
- Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Que es lo que vengo denunciando desde que salió la noticia de la pista de los 3 km. No se definieron las exigencias a satisfacer de forma clara. Se habló de una pista de 3 km porque en Teruel la cosa iba muy bien. Pero necesidad, lo que se dice necesidad de esas instalaciones en Soria no había. Podría haber oportunidad, pero no necesidad. Y nunca se comprobó antes de lanzarse a la piscina si se podía ejecutar. Se encargó un proyecto a un ingeniero de caminos que no tiene competencias para ello, y se empezaron a comprar terrenos como locos sin saber si se podría conseguir el permiso de apertura. Es más, sin saber ni que había que pedirlo antes de ejecutar la plataforma.
Los artículos de la ley relativos a la necesidad e idoneidad del contrato dicen que las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Es decir, tienen que contratar obras o adjudicar servicios dentro de la Ley de contratos, excepto lo que sea necesario para su propio funcionamiento. No me cabe en la cabeza que se estén llevando a cabo negociaciones. La compra de los terrenos ya es poco transparente y nada convencional. Legal, porque nadie más que el propietario puede ofertar unos terrenos en concreto. Pero del todo discriminatorio. Lo suyo hubiera sido tener el proyecto completo, incluida la futura ampliación con la gran plataforma que ahora callan, y entonces hacer un procedimiento expropiatorio para todos.
Quiero creer que es que es otra excusa de este Sr. y que, en realidad, no hay ninguna empresa en concreto interesada en venir con la que se haya firmado contrato alguno, ya que, de no ser así, si se han estado haciendo negociaciones confidenciales, es, a mi juicio y para que usted lo entienda, apañar licitaciones. No quiero decir yo que haya un oscurantismo malintencionado, porque si fuera el caso no lo irían anunciando así. Pero si no es así, ¿qué sentido tiene cerrar el procedimiento a solo unos pocos elegidos? Por eso pienso que simplemente es que no hay empresas que justifique semejante inversión y esta es una nueva justificación del malgastado dinero público y preparación de la puerta trasera si al final el proyecto ni tan siquiera se ejecuta. Es una puerta que pone un cartel que dice «La culpa es del otro».
Cierto es que se han gastado mucho dinero, pero que no le echen la culpa a AESA. Te has gastado el dinero en hacer plataformas sin permiso previo y que no ha tenido ningún retorno económico, en comprar terrenos como si supieras que es posible legalizar allí una gran plataforma, en ampliar una pista que no cumple a ruido y que queda muuuuuy limitada, en promover negocios para aviones pequeños, etc.
No, no le echemos la culpa a los demás. Bueno, salvo que sea para quitarnos nosotros las culpas. Si la culpa es de AESA, el Sr Diputado queda como un pobre desgraciado al que han tomado el pelo las administraciones. Pues imagínese como quedamos nosotros, los Sorianos de a pie, que nos han tomado el pelo gastándose millones de euros de nuestros impuestos por hacer las cosas mal, por un empecinamiento en meter con calzador 70 millones de Euros en un sitio donde no cabe.
Pero como no pasa nunca nada ….
Aunque si llevan esto a los tribunales, igual si que pasa, que salen a relucir todas las irregularidades, malos procedimientos, incompetencia de algunos, adjudicación de contratos, obras adjudicadas sin realizar …. vete a saber lo que podría llegar a salir. No, seguro que no denuncian.
Y tampoco entiendo este ansia del Sr Diputado por echar el hormigón tan rápido. El aeródromo puede seguir funcionando. Y aunque el Sr Diputado se jubile ya y no pueda disfrutar de los beneficios de las obras, otro vendrá que seguro lo disfrutará. Beneficios para la provincia, me refiero.
Y otro amago ….
En fin, poco más que no se haya dicho ya. Ni va a haber denuncia ni nada. No hay mano negra, simplemente hay una incapacidad manifiesta de los que gestionan el expediente, que por las prisas de meter hormigón se encuentran que les paran los proyectos … aunque sean la mismisima Diputación.
Y es que a ver si entienden que, por muy políticos que sean, no pueden hacer lo que quieran cuando quieran, que son los primeros que tienen que CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS. Si no tienes la disponibilidad de todos los terrenos, no tienes permiso y por tanto no hay hormigón.
Contradiciones ….
Y lo dice la Junta de Castilla y León. Las competencias no son el motivo de que no haya permiso porque las competencias son de AESA.
Y es que se niegan a asumir unas competencias que deberían de tener desde hace 20 años.
Pero, si la competencia es de AESA. Entonces, ¿por qué no concede el permiso?.
19 de septiembre de 2025
Después de cuatro o cinco años de trámites, por primera vez alguien ha consultado AESA directamente y no se ha dejado llevar por las desinformaciones que daban en el periódico el Presidente y el Sr Diputado, aunque hayan sido los mismos que llevan cuatro o cinco años absteniéndose en el asunto y, por tanto, permitiendo semejante chapuza.
Parece que han entendido que lo de las competencias es una cortina de humo, que le viene muy bien a los que llevan el procedimiento para que transcurra el tiempo hasta que consigan unos terrenos que no tienen, pero echándole la culpa a otros para no quedar mal ellos. Pero que también se les podría haber ocurrido preguntar más concretamente, por ejemplo, por los documentos que faltan exactamente o la existencia o no de los permisos necesarios para poner una instalación de mantenimiento en esa plataforma.
Insisto que la plataforma se legalizó sin impacto ambiental, al menos no hay nada publicado, y como hemos ya dejado explicado, cualquier modificación del aeródromo, ya sea la construcción de la plataforma o la instalación de un hangar aunque sea provisional, requiere del permiso de AESA. Y bueno, entiendo que está legalizada, porque AESA ha realizado inspecciones con la plataforma hecha y no la ha cerrado, aunque me consta que más que una legalización fue un «firmar el permiso mirando para otro lado» porque “entre Administraciones no nos pisamos la manguera“.
Las competencias son de la junta de Castilla y León desde que se firmó el Estatuto de Autonomía, aunque ninguna Autonomía asumió las competencias. Ahora, como no hay dinero y se pretende minimizar los gastos por parte de la Administración del Estado, el Gobierno Central les han dicho a las Autonomías que asuman sus competencias y se las paguen ellos, y las autonomías dicen que si no les queda más remedio las asumen, pero que necesitan tiempo, dinero, medios y personal. Y así pueden pasar años hasta que esto se resuelva, como ha confirmado el propio Consejero.
Pero un país no puede quedar paralizado por estos dimes y diretes políticos, resolviéndose normalmente, como le han dicho a Luis Rey, con un simple convenio transitorio. Eso se hace en dos días si quieren. Otra cosa es que quieran. La pelota está en el lado de la Junta. Si no le pide a EASA el convenio, AESA no va a moverse. Esto es como cuando preguntaba el profesor en clase y todos disimulábamos mirando al techo. Pues así está AESA, silbando hasta que la Junta no diga «por favor». Todo parado, pero que ya digo que a Diputación le interesa que siga parado hasta que no tengan los terrenos.
Pero al menos, alguien ya se empieza a plantear que la situación no es como les dicen, sino que falta documentación para poder obtener el permiso. ¿Habrá pedido Luis Rey a AESA, o más fácil, al responsable de Planes que es funcionario que gestiona todo esto, el requerimiento de subsanación de deficiencias de AESA a Diputación y el registro de la documentación aportada por Diputación a AESA posteriormente?.
Y por pedir, que pidan el contrato opaco y lo comparen con la Ordenanza, y que les expliquen cuanto paga el hangar por estar allí, que la prensa solo habla del estacionamiento de la aeronave, y los permisos de AESA para la instalación de la empresa de mantenimiento, y donde están las tasas de los Hércules, y la plataforma de ULM en la que se gastaron 200.000 €, etc.
23 de septiembre. ¿Qué convenio ni qué …?
¿Qué convenio ni que cojones, hombre?. Invenciones de la oposición. Bulos y más bulos. Si eso se lo ha inventado el Luis Rey y lo que dice el BOE es pura farándula. A ver, ¿Qué parte de «mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración» os hace pensar que se puede suscribir un convenio?.
Argumentos del Sr. Presidente que aclaran la situación y que denotan el enorme conocimiento de la normativa y de los procedimientos para la comprobación de las normas técnicas de los aeródromos restringidos, los informes preceptivos, y dejan ver la capacidad de gestión de la Diputación:
- A juicio de Serrano, no se puede suscribir un convenio
- «No tenemos que inventarnos convenios»
- «ahora viene Luis Rey y se inventa un convenio, pero las cosas no funcionan así, el que tiene que hacer inventos es porque no tiene otros argumentos que darnos»
- no tenemos que conveniar nada,
Gracias. Con estas explicaciones razonadas, yo personalmente he visto la luz. Tengo que darle la razón a mi suegra que decía eso de: «donde no hay mata, no hay patata».
Como dice Luis Rey que le ha dicho AESA, esto, con un simple convenio se arregla. Pero, ¿les interesa que la Junta resuelva con un convenio el estancamiento del permiso sin tener la disponibilidad de los terrenos?¿Y si se resuelve lo de las competencias y el informe es negativo porque no hay disponibilidad de los terrenos?
26 de septiembre. Me pregunto si no sería necesario otro diluvio.
Carlos Javier Fernández Carriedo es el Consejero de Economía y Hacienda en la Junta de Castilla y León. Es economista y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la Escala Económico-Financiera. Ha sido Secretario del Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León. Vocal del Grupo de Trabajo de Incentivos Económicos Territoriales y Jefe del Servicio de Estudios de la Consejería de Economía y Hacienda. Fue miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León y Vicepresidente de la Comisión de Inversiones e Infraestructuras. En la Junta de Castilla y León ha ocupado las responsabilidades de Director General de Presupuestos y Programación. Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Portavoz de la Junta y Consejero de Medio Ambiente. En la última legislatura, ha sido Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León. Es Procurador de las Cortes de Castilla y León.
¡¡ Ahí es nada!!. Cuando este señor se estudió las oposiciones a funcionario, lo primero que tuvo que aprenderte fue la constitución y el estatuto de autonomía. Y este señor es procurador. No entiendo.
Lo primero es preguntarnos qué tipo de aeródromo era el aeródromo de Garray a la hora de solicitar la autorización. El aeródromo de Garray es un aeródromo restringido. Son aeródromos de uso restringido las infraestructuras distintas de los aeródromos de uso público. ¿Y que son entonces los aeródromos de uso público?. Pues según define el artículo 1.3 del Real Decreto 862/2009. (Artículo 3.b del Real Decreto 1070/2015), son aeródromos de uso público los aeródromos civiles en los que se pueden realizar operaciones de transporte comercial, de pasajeros, mercancías y correo, incluidos aerotaxis.
La Constitución Española en el artículo 149.1.20.ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. Asimismo, el artículo 148.1.6.ª dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
Voy a hacer aquí un inciso. Hasta ahora el aeródromo no tenia declarado el interés general, por eso solo podía calificarse como restringido. Pero para expropiar los terrenos, declaran el interés general y, por tanto, pasará a ser de uso público. Con todo lo que ello conlleva (policía, bomberos, medios, etc) y, si no fuera porque físicamente no puede al ser una pista «capada», se podrían hacer operaciones comerciales de carga y pasajeros. Pero no se podrían hacer operaciones de ultraligeros, helipuertos y aviación deportiva en general. Habría que tener un controlador, etc. Vamos, como todos esos aeródromos que para meter un avión de Ryanair al mes se han cargado toda la aviación deportiva. No sé si se habían dado cuenta de esto.
En un Dictamen de la Abogacía General del Estado de 25 de abril de 2006 que tiene su origen en una petición de informe estructurado en torno a tres preguntas procedente de la Dirección General de Aviación Civil, la primera pregunta de la Dirección General de Aviación Civil es: «¿Qué aeropuertos y aeródromos se consideran de competencia estatal? ¿Hasta dónde alcanzan las competencias estatales en relación con los aeródromos y aeropuertos autonómicos, especialmente en el campo de inspección y sancionador?«
El Dictamen determina que «El Estado ostenta competencia sobre los aeropuertos, aeródromos, helipuertos, centros de vuelo y demás instalaciones aptas para el despegue y aterrizaje de aeronaves que hayan sido calificados de interés general, sean o no comerciales. En las Comunidades de Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla León (que asumieron las competencias sobre la base del título competencial recogido en el art. 148.1.6 de la Constitución) son de competencia estatal además todos los aeródromos y aeropuertos comerciales, sean o no de interés general, (artículo 149.3 de la Constitución).«
Dicho de otras forma. Todos los aeródromos sobre los que se declare el interés general, así como los comerciales (pasajeros, carga y aerotaxis) son de competencia estatal. El resto son aeródromos autonómicos. Garray es un aeródromo autonómico.
Y así es. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León entró en vigor el 25 de febrero de 1983, fecha en que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este Estatuto, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, es la norma básica que organiza la comunidad autónoma y entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, tal como se establecía en la disposición final del texto original. Posteriormente, la ley orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León fue publicada y entró en vigor el 1 de diciembre de 2007. En su artículo 70 recoge las competencias exclusivas de la autonomía, que ya estaban en la Estatuto original, y en su punto nueve dice «Tendrá competencia exclusiva sobre aeropuertos, puertos, muelles, instalaciones de navegación, de carácter deportivo y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.«
En su artículo 76, que desarrolla las competencias de ejecución, «corresponde a la comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva de las siguientes materias: y en su. 10 dice aeropuertos el puerto con calificación de interés general, cuya gestión directa no se reserve al Estado.«
¿Qué diferencia hay entre competencias exclusivas y competencias de ejecución? La diferencia fundamental es que la competencia exclusiva implica la totalidad de las potestades (legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre una materia, mientras que la competencia ejecutiva se limita a la potestad de ejecución y aplicación de una ley o norma, e incluso de organización administrativa, sin incluir necesariamente la facultad de crear la norma.
La segunda pregunta que hacía Aviaicón Civil ya en el 2006 decía: «¿Tras la promulgación de la Ley de Seguridad Aérea 21/2003, de 7 de julio, es competente el Estado para otorgar autorizaciones de establecimiento, modificación estructural o funcional y/o de apertura en relación a los aeródromos, helipuertos y aeropuertos de competencia autonómica? En caso de considerarse que no es competente para autorizar estos aeropuertos o aeródromos, ¿Debe declararse incompetente la Dirección General de Aviación Civil ante solicitudes de autorización de establecimiento o modificación de aeropuertos/aeródromos de competencia autonómica?«
La respuesta, ya en 2006, era: «Tras la promulgación de la LSA 21/2003, el Estado carece de competencia para autorizar aeródromos o aeropuertos de competencia autonómica, ya que la propia normativa estatal reguladora de sus competencias sobre el control del espacio aéreo, ha establecido que tan sólo se emitirá un informe vinculante -art. 9 LSA- y ha derogado tácitamente las normas infralegales en que podía sustentarse la continuidad por parte del Estado en el otorgamiento de tales autorizaciones. En consecuencia, ante las solicitudes de autorización para el establecimiento o modificación estructural o funcional de aeropuertos o aeródromos de competencia autonómica, el Estado debe declararse incompetente, limitándose a emitir el informe vinculante al que se refiere el artículo 9.2 de la LSA.«
Por lo tanto, desde hace mas de 20 años que las competencias en materia de aeródromos son de la comunidad de Castilla y León. Otra cosa es que la comunidad no las haya asumido hasta que el propio Estado le ha dicho que las competencias son suyas. Por lo tanto, el señor Carriedo no puede decir «no queremos la competencia de AESA», porque no es una competencia de AESA, aunque la haya estado asumiendo hasta ahora. No puede decir “no estamos hablando de asumir competencias, no queremos de AESA la competencia“ porque de lo que se está hablando precisamente es de la obligación de asumir las competencias que tenía que haber asumido hace mucho tiempo.
La Disposición transitoria primera del estatuto de autonomía regula la Comisión Mixta, con el fin de transferir a la Comunidad las competencias, atribuciones y funciones que le corresponden según el Estatuto. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la forma de propuesta al Gobierno, que las aprobará mediante Real Decreto, figurando aquéllos como anejos al mismo, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques orgánicos de
naturaleza homogénea, la Comisión Mixta de Transferencias estará asistida por comisiones Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental será determinar, con la representación de la Administración del Estado, los traspasos de competencias y de medios personales, financieros y materiales que deba recibir la Comunidad Autónoma.
Ese es el procedimiento reglado para el traspaso de competencias. Supone tiempo, reuniones y acuerdos. Pero mientras se traspasan esas competencias que la Junta no quiere asumir, y como le dijo AESA al Luis Rey, basta con un simple convenio entre la junta y AESA, para que la competencia para la autorización de la ampliación de la pista aeródromo de Garray, las asuma AESA, que sería lo más lógico, ya que tiene y ha gestionado todo el expediente. Si la junta tiene realmente interés en poner en marcha un aeródromo que genera actividad y empleo en Soria, lo primero que debería plantearse es si la ubicación es la idónea, si un aeródromo que nace capado y limitado es la mejor opción para el bien de la provincia.
El aeródromo de Garray, hasta ahora, era una instalación de carácter deportivo que no desarrolla actividades comerciales, por lo que es competencia exclusiva de la junta. Pero al incluirlo dentro del plan provincial para poder declarar el interés general y tener base para expropiar, pasa a ser una competencia de ejecución, ya que su gestión directa no se reservaría al Estado. ¿Qué son los aeropuertos cuya gestión se reserva el Estado? Pues son los que gestiona Aena como Barajas, el Prat, el de Zaragoza, etc.
La web de AESA ya lo informa. Como es un aeródromo restringido, la competencia es de las Comunidades y, por tanto, la autorización la tiene que dar la Comunidad, aunque puede hacerse un convenio para que el estudio lo haga AESA. Dicho de otra forma. Si AESA emitiera el informe de autorización favorable, tendría que ser la Junta la que diera la Resolución de autorización. Un simle convenio puede solucionar que AESA le diga a la Junta que no ve inconvemniente en que la Junta autorice la instalación.
¡Como ya ha dicho AESA respecto al cambio de gestor! Y es que el Presdeinte no lo entendía. AESA informa que el cambio de gestor es correcto pero la Junta tiene que autorizar el cambio. Pues lo mismo con la autorización. AESA dice que no ve inconveniente en que se autorice la ampliación de la pista pero la autorización la tiene que dar la Junta. El problema es que AESA NO DICE QUE NO VEA INCONVENIENTE. ¿Como lo va a decir si no tenemos los terrenos?. Y no soy economista, pero es fácil de entender.
La noticia también recoge nuevamente las afirmaciones del presidente de la Diputación, que ya hemos comentado antes. Si es que parece una competición entre representantes políticos a ver cuál dice la mayor barbaridad.
16 de octubre de 2025.
Insiste y reitera el Sr Diputado la «incompetencia» de EASA, como remarcando que son unos inútiles. Y es que utiliza términos que confunden al personal. Cierto es que AESA es incompetente porque no tiene las competencias que son, por el estatuto de autonomía, competencia de la Junta de Castilla y León. Cierto es que hasta ahora, debido a la incapacidad de la Junta y a que no habían asumido sus competencias, AESA ha estado gestionando los permisos. Pero con 20 años de retraso, se ha platando. No solo con Castilla y León, si no con todas las autonomías que no las habían asumido todavía.
Es cierto que la falta de competencia de AESA tiene paralizado el trámite. Y es cierto que está todo parado por falta de aprobación por la entidad correspondiente. Pero esa entidad es la Junta de Castilla y León. Es la propia Junta, la que ha presupuestado más de 6 millones de euros la que tiene el trámite paralizado porque no asume sus competencias.
Ell estudio técnico está aprobado provisionalmente el 4 de junio de este año. No es posible que desde hace un año se esté esperando el permiso. Además, faltan los terrenos, que dice que se van a expropiar ahora.
Cuando presente la disponibilidad de los terrenos y el proyecto técnico aprobado definitivamente, AESA emitirá informe de que no ve impedimento para que la Junta conceda el permiso … si quiere asumir las competencias o formalizar un convenio.
Que no les confundan. El retraso es de Diputacion que no aporta los terrenos y de la Junta que no asume las competencias. No sé yo a quien hay que calificar de «incompetente».
Y no hay dos sin tres. Otra vez amagando con denuncias. Y venga, que te pego, chaval !!!